La acusación pide dos años de cárcel por mobbing a una funcionaria municipal de Tenerife
La encausada es Ángela Mena, ex concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y esposa del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. Por dejar sin funciones entre 2007 y 2012 a la directora del Centro Municipal de la Mujer.
Acusación particular
La acusación particular pide dos años de prisión y 10 de inhabilitación para cargo público para cada uno de los seis acusados del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por acoso laboral o mobbing sobre una funcionaria, que debió ejercer como directora del Centro Municipal de la Mujer pero a la que dejaron sin funciones entre 2007 y 2012. La principal encausada es Ángela Mena, esposa del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, junto con otros cinco cargos y excargos del Consistorio.
En el escrito presentado por el abogado de la afectada, se acusa de los delitos de acoso laboral y de prevaricación por omisión. Por el primero pide dos años de prisión y, por el segundo, los 10 de inhabilitación.
Los acusados son Ángela Mena, que entre 2007 y 2011 fue concejal responsable, entre otras, del área de la Mujer; Nieves Pérez Marichal, directora de Recursos Humanos desde 2006, y al ex coordinador general de Relaciones Personales, Enrique Núñez Ruano.
De los mismos delitos se acusa a María del Cristo Díaz, Miguel García de León y la ex secretaria del Consejo Municipal de la Mujer y secretaria de Ángela Mena, Electra Bermúdez.
La petición de condena por prevaricación por omisión choca con el auto de la jueza de Instrucción 4, Lorenzo-Cáceres Farizo, quien en mayo pasado dictó auto para transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado y en el que sólo acusó de acoso laboral a los seis encausados.
Sin embargo, Pérez Ventura insiste en que, por fuerza, se dio también un delito de prevaricación por omisión (al no denunciar ni poner fin a la situación creada con la funcionaria, de la que eran conocedores los acusados, de acuerdo con las pruebas de la investigación judicial).
Dos meses después, la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife emitió un informe en el que argumentaba que, a la vista de la instrucción, no cabía causa penal por darse los tipos propios de un mobbing, pero sí responsabilidad civil contra el Ayuntamiento por “caótico” e “incapaz” de solucionar el problema en cinco años.
Hechos
La relación de hechos sobre el posible mobbing arranca desde que en 2007 la afectada tomó posesión de su plaza ganada por concurso como técnico de programas transversales, plaza que fue eliminada en una nueva Relación de Puestos de Trabajo, hasta 2012, año en que inició la instrucción de esta causa el juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife.
Se relatan los hechos y acciones que, para la acusación particular conforman el tipo delictivo de acoso laboral, el principal de todos, el vaciamiento de funciones de la denunciante a favor de una interina (Ana Belén Crespo, citada como testigo) que ya ejercía las funciones inherentes al cargo de la primera desde años antes y para la que se creó una plaza ad hoc.
El vaciamiento aumentó con la llegada al Centro Municipal de la Mujer de una trabajadora social “rescatada” con carácter de urgencia de la Subdelegación del Gobierno y a la que se atribuyen funciones temporales que se mantienen en la actualidad.
Ese vaciamiento de funciones y el hecho de que en 2009 parte de los acusados pretendieran trasladar forzosamente a la funcionaria afectada a una comisión no pedida por la misma, conllevó una sentencia firme del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Santa Cruz de Tenerife a favor de la trabajadora y que dio pie a la denuncia penal.
Fuente: canarias.com
