Acoso institucional

Habría alcanzado el grado de acoso institucional, verdadero ariete contra el devenir democrático de una sociedad, sobre el que existe un excelente artículo en la plataforma de noticias de PRIDICAM Mobbing Madrid.

Con independencia de que la finalidad del expediente sea, o no, el remate emocional, económico y profesional a una víctima de acoso laboral, inquietantes perspectivas se ciernen sobre la seguridad jurídica del encausado en un procedimiento de esta naturaleza.

Leo en la Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca procedimiento autonómico de provisión de puestos para su ocupación temporal en comisión de servicios por funcionarios de carrera de los cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias, que uno de los requisitos para poder participar en este concurso es:

Convendría confrontar esta norma con dos principios básicos en Derecho: presunción de inocencia y “non bis in ídem” (como no pagar 2 sanciones por los mismos hechos).

Por extraño que suene, hay expedientes disciplinarios que se resuelven a favor del imputado. Esto ocurre cuando un instructor constata que no existen elementos que prueben la responsabilidad del funcionario y así lo expresa, a pesar de todos los pesares. La probabilidad es baja, cierto; pero existe.

Sin embargo, la norma que estamos analizando no contempla tal eventualidad, sino que coloca en la misma grada al imputado y a aquel que ya ha sido declarado responsable por una falta grave o muy grave.

Si la presunción de inocencia del funcionario expedientado y esta Resolución de 23 de mayo de 2014  de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León fueran dos personajes de uno de mis cuentos, yo aventuraría entre ellos roces en la convivencia.

Probablemente, muchos lectores habrán leído el párrafo señalado y no habrán advertido la fricción con la presunción de inocencia que entraña; quizá los propios autores no han reparado en ella. ¿Hemos asimilado el concepto de que una vez inmerso en la tramitación del expediente se tienen ya todas las papeletas para ser declarado responsable? ¿Se trata de una rifa trucada? ¿Creemos que la instrucción, la práctica de pruebas y las alegaciones del imputado son un vano trámite que media sólo formalmente, pero que no influye en una resolución sancionadora decidida de antemano?

Esta prohibición de participación en el concurso a quien se halle acusado de falta grave o muy grave parece ser una primera sanción que se imponte antes de que el expediente disciplinario se haya llegado a resolver.

Asumido el holgado margen con que se puede endosar la falta al funcionario, pongámonos ahora en el acto consumado del docente sancionado.

El párrafo en cuestión, de apariencia tan anodina, se revela una bomba de racimo contra principios fundamentales; de efecto retardado, además, si comparamos los plazos de prescripción de faltas y sanciones con el término de seis años que necesariamente deben haber transcurrido desde la sanción para poder participar en el concurso.

Rancios mecanismos burocráticos, custodiados en santos griales como éste, perviven en un tiempo que no les corresponde. El ciudadano medio considerará, o al menos yo lo haría, que recurrir judicialmente la norma analizada está “por encima de sus posibilidades”, no ya económicas sino, digamos, vitales; aceptará el “mal menor”, si tal puede llamarse a observar, abatido, desde una balsa a la deriva, la tierra cada vez menos nítida y más inalcanzable donde se insinúan, todavía, los pilares del Derecho, tronchados después de la debacle.