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Colegio religioso condenado por acoso laboral

Mobbing Madrid

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agosto 20, 2018
enAcoso laboral
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Colegio religioso condenado por acoso laboral

La docente del Colegio ‘La Salle-Almería’ indemnizada por mobbing vuelve a demandar al centro por “vejaciones»

La Salle-Virgen del Mar deberá pagar 45.000 euros a una profesora.

La profesora de FPO a la que tuvo que indemnizar la congregación religiosa de Hermanos de las Escuelas Cristianas por mobbingo acoso laboral ha presentado una nueva demanda contra el colegio ‘La Salle’ de Almería y su director, al que acusa de haberle «insultado y vejado, llamándola sinvergüenza».
“El Tribunal Supremo (TS) confirmó en 2012 la condena a la congregación religiosa de Hermanos de las Escuelas Cristianas, que gestiona el colegio ‘La Salle’ de Almería, que le obliga a indemnizar por mobbingo acoso laboral a una profesora de FPO aunque ha resuelto reducir en 8.082,8 euros la indemnización que fijó en 45.477 euros un juzgado de lo Social de Almería.”
La citada demanda, cuyo juicio está señalado para el día 25 ante el Juzgado de lo Social número 2, sostiene que los «actos vejatorios» perpetrados presuntamente por el director del colegio, concertado, suponen una «vulneración de los derechos fundamentales» de la docente y un «atentado» a su dignidad y honor, por lo que interesa una indemnización de 30.000 euros que fundamenta, entre otros motivos, en la condición de «reincidente» de la empresa en este tipo de comportamientos.
La nueva demanda, recoge que, durante una reunión en el despacho de dirección que habría tenido lugar el 19 de diciembre del pasado año, el responsable del colegio «la insultó y la vejó, llamándola sinvergüenza», aunque «ya antes —añade— la había zarandeado con violencia para sacarla del despacho».
Cabe recordar que, en mayo de 2012, el Tribunal Supremo (TS) confirmó la condena a la congregación religiosa de Hermanos de las Escuelas Cristianas que le obligaba a indemnizar por acoso laboral a esta profesora al estimar que incurrió en «daño moral» al despedir a la trabajadora en una «acción de represalia», lo que incidió en su ánimo.
La profesora ratificó, asimismo, que se le perjudicó «considerablemente» tanto laboral como profesionalmente con la toma de decisiones «sin sentido» y que dio apoyo «explícito» a las conductas de «hostigamiento, aislamiento y menosprecio» a las que fue sometida por su entonces superior jerárquica, que también fue condenada.
La nueva demanda, recoge que, durante una reunión en el despacho de dirección que habría tenido lugar el 19 de diciembre del pasado año, el responsable del colegio «la insultó y la vejó, llamándola sinvergüenza», aunque «ya antes —añade— la había zarandeado con violencia para sacarla del despacho».
Indica que la profesora le estaba planteado «una queja por un incidente» que se había producido con un compañero pero el director, primero «se negó a darle una solución», y luego pasó al «insulto y al empujón», movido, según remarca, por el hecho de que «días antes ella había acudido, citada por la Inspección de Trabajo, a declarar como testigo en un proceso por acoso laboral iniciado por otro trabajador del centro».
Tras estos hechos, la dirección de ‘La Salle’ sancionó disciplinariamente a la docente con la suspensión de empleo y sueldo por un mes, una medida que también se impugna en la demanda por basarse en un relato «lisa y llanamente falso» de lo que sucedió en el despacho ante la presencia «de tres testigos», tal y como ha destacado a el letrado de la demandante, Luis Carlos Leal.

«Hostigamiento, aislamiento y menosprecio»

«No ocurrieron las cosas como se dice en la carta de sanción ni la profesora hizo acto alguno laboralmente reprobable sino que fue el propio director del colegio, quien fiel a su actitud y comportamiento vejatorios, y conocedor de los antecedentes y del estado de salud de la trabajadora, quien no dudó en maltratarla nuevamente, en atentar contra su dignidad y su honor en público para luego, sin temblarle la mano, firmar una carta de sanción cuyo contenido no se corresponde en absoluto con la realidad», afirma.
La demanda, extensiva a la congregación religiosa que regenta el colegio y de la que es miembro el director, pide, además de la nulidad de esta sanción, el pago de indemnización por vulneración de derechos fundamentales que cifra en un total de 30.000 euros.
Sostiene que estos comportamientos han provocado «una exacerbación del trastorno depresivo» que padece desde la primera denuncia por acoso, y, además, «son premeditados». «Son actos voluntarios que persiguen acabar con la trabajadora para que termine abandonando su puesto de trabajo de manera voluntaria»,concluye.
El letrado Luis Carlos Leal ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que resulta «lamentable» que se siga sometiendo a «acoso» a su cliente, «incumpliendo» la sentencia en firme del Supremo y , «lo peor, llegando incluso ya a ponerle la mano encima», ha subrayado para, a continuación, trasladar su convencimiento de que en juicio «vamos a acreditar que la vejación y la vulneración de sus derechos fundamentales se produjo y que es absolutamente mentira lo que dice la carta de sanción».
El TS ya consideró acreditado que, entre los años 2008 y 2010, la superior jerárquica que la sustituyó al frente de la dirección del centro de FP mediante una decisión que califica de «sin sentido e injustificada», la sometió auna situación de «hostigamiento, aislamiento y menosprecio» y «cuestionó en diversas ocasiones delante de profesores y otros empleados tanto en la secretaría como en sala de profesores la labor profesional que realizaba», entre otras conductas, con la anuencia de la congregación religiosa.
Fuente: EUROPA PRESS

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