ESTE ARTÍCULO CUENTA CON LA COLABORACIÓN Y APORTACIONES DE LA «AGRUPACIÓN STOP SITAL MOBBING»
Como se definen los Habilitados Nacionales
Los “Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional” (Secretarios, Interventores y Tesoreros) somos un Colectivo de profesionales que trabajamos en los Ayuntamientos, Diputaciones, y demás Entidades Locales de España.
Nuestro trabajo consiste en facilitar que la acción de los Gobiernos Locales se lleve a cabo conforme a legalidad vigente.
El articulo 2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, establece:
1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, las siguientes:
a) Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) Intervención-Tesorería, comprensiva del control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
c) Secretaría-Intervención, a la que corresponden las funciones de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo y las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
2. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones referidas en el apartado 1 tendrá atribuida la dirección de los servicios encargados de su realización, sin perjuicio de las atribuciones de los órganos de gobierno de la Corporación Local en materia de organización de los servicios administrativos.
3. Corresponderá a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para garantizar el principio de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico-financiera.
4. Además de las funciones públicas relacionadas en los párrafos a) y b) del apartado 1 de este artículo, los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán ejercer otras funciones que les sean encomendadas por el ordenamiento jurídico.
«FACTORES DE RIESGO Y FASES DEL PROCESO»
Estimamos que los dos factores de riesgo principales son:
1. NO CONTAR con el apoyo de un organismo externo (a la EE LL) administrativo de denuncia y protección
Las Direcciones Generales de Administración Local (del Estado y Comunidades Autónomas) se posicionan con los cargos públicos locales implicados en el acoso, dado que estos cargos públicos ostentan amplias potestades y facultades institucionales, jurídicas y administrativas, la relación asimétrica existente es incompatible con el simple «conflicto laboral« al que se alude en la instrucción de procedimientos disciplinarios, informes de fiscalías y Diligencias Previas e Instrucción de procedimientos judiciales contra los Habilitados Nacionales.
2. NO CONTAR con un Comité profesional en el marco de COSITAL (Colegio Profesional) que recoja la llamada del Habilitado Nacional en situación de riesgo
Que realice un análisis de las circunstancias expuestas por dicho funcionario, las evalúe y, en su caso, tome contacto con el cargo público de la Entidad Local para una mediación que evite que la situación de riesgo pase a una estrategia consumada de acoso brutal y grupal hacia el funcionario indefenso y desprotegido.
Consideramos que la estrategia de acoso -que tiene por objeto el debilitamiento, la marginación y la expulsión o abandono del Habilitado de su puesto de trabajo- sigue unas fases muy similares en todas las Entidades locales, perfectamente explicables y catalogables:
1ª Aparición del conflicto
A partir de unos informes desfavorables o de una denuncia por irregularidades jurídico-administrativas y/o económico financieras del Habilitado Nacional, los cargos públicos locales comienzan con ataques directos o indirectos a dicho Habilitado: se le presiona para que cambie los informes, se le culpa de consecuencias negativas para la Entidad, para sus servicios o para su personal, comienza el trato «diferente», «duro», se le deniegan vacaciones por «necesidades del servicio», se le compara despectivamente con otros Habilitados o funcionarios interinos que transigen con las irregularidades mencionadas, se le amenaza privadamente, en definitiva, se intenta que el Habilitado se aparte de su defensa de la normativa vigente.
2ª Instauración del «mobbing«
El hostigamiento se hace habitual, se generaliza con la participación de algún/algunos otro/s empleado/s público/s y el Habilitado comienza a sentirse culpable: se le sobrecarga de tareas siempre urgentes, se le encomiendan tareas ajenas a su plaza, se le retira personal administrativo de apoyo o recursos como acceso a plataformas online profesionales, se le espía, se controla su correo electrónico corporativo, se le limita el acceso al Registro de Correspondencia, se le limita el acceso a información necesaria para el ejercicio de sus funciones, se le amenaza en el ámbito concreto, etc, en definitiva, se intenta que el Habilitado incurra en incumplimientos de sus funciones y cometa faltas graves o muy graves.
3ª El hostigamiento se hace público y se generaliza
Los cargos electos hostigadores intentan sumar procedimientos, personas, órganos e instituciones contra el Habilitado acosado: se le denigra ante todos ellos como persona difícil, incapaz, conflictiva e inútil, se le denigra en medios de comunicación o páginas web, se le amenaza públicamente, se le denuncia falsariamente y se incoan procedimientos disciplinarios por faltas graves o muy graves, se le disminuyen las retribuciones, se le traslada de despacho y hasta de sede oficial, se le retiran parte de sus funciones reservadas atribuyendolas a otros empleados públicos o personal externo, se moviliza a vecinos y usuarios contra el Habilitado, se le denuncia falsariamente ante la Fiscalía o judicialmente por delitos graves, en definitiva, el hostigamiento se hace grupal, se aísla por completo al Habilitado buscando su aniquilación personal y profesional.
4ª El acosado abandona la Entidad Local
Habilitado sobrepasado emocional, física y mentalmente, aquejado de un estrés y ansiedad insostenibles y de enfermedades psicosomáticas abandona la Entidad Local; bien, temporalmente por baja médica o por suspensión de empleo y sueldo; bien, definitivamente por traslado voluntario a otra plaza, por inhabilitación para el desempeño de puesto público, por baja médica definitiva o por abandono voluntario de la profesión, en definitiva, los acosadores consiguen la eliminación del Habilitado.
JUICIOS INTERPUESTOS POR RIESGOS PSICOSOCIALES
La Fiscalía pide cárcel por acoso laboral para la candidata del PP en Fresno de Torote
SER Madrid 28 Febrero 2019
El Ministerio Público pide un año y tres meses de cárcel para Ana Isabel Arias López por acosar a la Interventora municipal durante al menos un año. A través de la página web del Ayuntamiento le acusaban de «mangante e incompetente»: el hostigamiento empezó cuando la trabajadora municipal denunció ante la Justicia presuntas irregularidades en el proceso de recaudación del Consistorio.
La secretaria municipal denuncia acoso laboral ante la Guardia Civil
Málaga Hoy 22 Noviembre 2018
La secretaria-interventora del Ayuntamiento de Mollina, Inmaculada Atencia, ha denunciado ante la Guardia Civil la situación que asegura que está viviendo en el Consistorio mollinato y que califica como «acoso laboral» y que la funcionaria asegura en su comparecencia que se inició hace tres años, cuando tomó posesión el actual equipo de gobierno, formado por el PP y los concejales que fueron elegidos bajo las siglas de IU. No obstante, la secretaria mantiene que todo empeoró tras el Pleno de presupuestos en el que la funcionaria emitió un informe negativo sobre dicho documento, tras lo que mantiene que desde el gobierno municipal se le acusó de haberles engañado, de no prestarle asesoramiento y de ser «una soberbia».
Los funcionarios habilitados ven acoso laboral en la reducción de sus sueldos
Las Palmas LA PROVINCIA Diario de Las Palmas 20 Mayo 2014
El Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Las Palmas insta al Ayuntamiento capitalino a que respete las funciones, no sólo de Ana María Echeandía, secretaria general del Pleno, sino a todo el cuerpo de funcionarios habilitados (secretario, interventor y tesorero). Esta petición llega tras los desencuentros entre el actual grupo de Gobierno municipal y estos altos funcionarios, cuyo último episodio se materializó en una queja de la secretaría ante la Junta Electoral de Zona por cuestiones relativas a los comicios al Parlamento Europeo.
«Me han sometido a acoso y derribo para que me abrieran expediente»
LA OPINIÓN El periódico de Zamora 10 Febrero 2018
En el ejercicio del cargo, cuando no sabía cómo resolver algún problema, Mayte Romero cogía el teléfono de su casa, ya que en el Ayuntamiento no había, y llamaba al secretario del Gobierno Civil de Zamora, Porfirio Nafría. El secretario tenía una casa en Puebla y a menudo pasaba por la tienda que regentaba la familia. Había cierto trato y confianza para consultar los problemas de administración municipal que se le presentaban en sus inicios.
Casares: un ayuntamiento sin habilitados
SUR Marbella Estepona 9 julio 2018,
En estos momentos, el Ayuntamiento de Casares no cuenta con ninguno de ellos. Desde el equipo de gobierno señalan que esta situación es motivo de los traslados solicitados por los funcionarios; la oposición denuncia que obedece a la presión que han soportado estos empleados y la ex secretaria asegura que se ha marchado para poder emprender acciones legales contra el Ayuntamiento.
El Secretario e Interventor de Llanes piden amparo y denuncian “la situación de hostigamiento” a las que le somete el alcalde, Enrique Riestra
El Secretario y el Interventor del Ayuntamiento de Llanes han denunciado “la situación de hostigamiento al que continuamente se ven sometidos por parte del Gobierno cuatripartito de Llanes, y por el señor alcalde”, Enrique Riestra. Lo ha hecho público el grupo municipal socialista, desde donde también se apunta que los trabajadores municipales “descartan solicitar amparo” al primer edil, de Vecinos X Llanes, aunque sí lo hacen a los portavoces de los grupos políticos municipales de Foro, PP y No Adscritos.
La secretaria de Monfarracinos acusa a la Alcaldesa y tres concejales de prevaricación y “mobbing”
María José Arrieta, la alcaldesa de Monfarracinos, y los concejales Vicente Ureña, Cirilo García y Luis Ángel Morillo han sido denunciados por un presunto delito de prevaricación por la adjudicación de la plaza de alguacil en 2004 y por acoso laboral (mobbing) contra la secretaria del Ayuntamiento.
El interventor asegura haber sufrido acoso laboral por parte de los ediles
López Parada, que acumuló los cargos de interventor, letrado municipal y secretario, ha roto su silencio desde que el pasado 28 de octubre cogiera la baja por enfermedad. Como se recordará, el funcionario acudió ese día al trabajo y, a media mañana, abandonó el consistorio para acudir al médico, motivo por el que no se pudo convocar el pleno ordinario del día 31, en el que debía tomar posesión como concejala Daniela Fernández, de la UPL.
El secretario del Ayuntamiento de Espeluy denuncia al alcalde por acoso laboral
Según ha podido saber ABC el secretario ya ha encargado a un bufete de abogados que interpongan una denuncia contra el alcalde de Espeluy por «acoso laboral». Así lo confirmó su abogado Vicente Tovar quien señaló que «todo esto es más bien una caza de brujas contra su representado y que se origina en un enfrentamiento que el alcalde tiene con el secretario.
La vicesecretaria municipal denuncia a la alcaldesa de Benetússer por acoso laboral
La vicesecretaria del Ayuntamiento de Benetússer ha denunciado públicamente a la alcaldesa, la popular Laura Chulià, por supuesto acoso laboral. La funcionaria argumenta que, a raíz de emitir el día 12 un informe jurídico desfavorable, la mandataria la «sobrecarga de trabajo con proyectos inalcanzables», «modifica las atribuciones o responsabilidades» de su «puesto de trabajo» e, incluso, profiere «amenazas directas o veladas, o intimidaciones mediante exhibiciones de fuerza física», según consta en el documento que la denunciante ha hecho llegar a toda la corporación a través del registro de entrada municipal.
Descubrí corrupción e intentaron acabar conmigo
Celia González, secretaria municipal de Palas de Rei (Lugo) y, por tanto, funcionaria habilitada por el Estado para vigilar el respeto a la legalidad en este Ayuntamiento gobernado desde siempre por el PP, trabajó durante años sin que sus compañeros le dirigieran la palabra, con el acceso restringido a ordenadores y documentación oficial, y escuchando a su paso insultos, desprecios y risotadas burlonas. “Me negué a firmar los chanchullos que hacían con subvenciones y contrataciones e intentaron acabar conmigo”, cuenta casi una década después de estallar la pesadilla. La justicia acaba de encausar al alcalde del PP, Pablo Taboada, a cinco concejales de su equipo, a cuatro trabajadores municipales y a un ex alto cargo de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo por 15 delitos, entre ellos acoso, amenazas, trato degradante, falsedad, malversación y fraude de subvenciones.
La Unió de Periodistes denuncia el «acoso» del PP de Orihuela al interventor municipal
La Unió de Periodistes Valencians ha denunciado el «acoso» que esta sufriendo el interventor municipal Fernando Urruticoechea, Premio Llibertat d’Expressió 2016, por parte del equipo de gobierno local de Orihuela (Alicante) en manos del PP, «sin ningún mecanismo de defensa al que se pueda acoger».
El interventor acusa a Guarido de acoso y persecución laboral
El interventor en el Ayuntamiento de Zamora, Francisco Javier López Parada, acusa al alcalde de Zamora, Francisco Guarido (IU), de coacciones y persecución laboral para impedirle ejercer sus funciones. La acusación se ha materializado en dos denuncias judiciales en las que implica al propio alcalde, al segundo teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas, también de IU, y al vicesecretario general de la institución, a quienes considera responsables de haber cometido «actos prevaricatorios» con el único objetivo de dañarle y de impedirle ejercer su trabajo.
El interventor ‘derroca-alcaldes’, Se ha convertido en el azote de la clase política
Fernando nació en Bilbao hace 61 años. Su periplo hasta convertirse en uno de los funcionarios españoles que más corrupciones y corruptelas municipales ha destapado empezó cuando rondaba los 30. Licenciado en Económicas, en 1987 entró como director del área económica al ayuntamiento de Galdácano, a 11 kilómetros de Bilbao. Allí descubrió que dos aparejadores y un arquitecto municipales se llenaban los bolsillos gracias a sus puestos públicos -relata- y lo denunció al alcalde, pero éste le despidió de su cargo «y, a cambio, contrató a su sobrino».
Nueve años de inhabilitación a un alcalde del PP en Lugo por acoso laboral a la secretaria del Ayuntamiento
La Audiencia lucense condena al regidor de Palas de Rei y a su antecesor, ambos del PP, por el «menosprecio» y «humillaciones» a la funcionaria y por usar un procedimiento ilegal para intentar cesarla.
El tribunal inhabilita también también al resto de concejales populares que votaron a favor de la destitución y a tres funcionarios El tribunal inhabilita que, concluye, colaboraron en el acoso laboral.
La secretaria municipal en Castropodame denuncia al alcalde y al exalcalde en funciones por acoso laboral
La alta funcionaria aseguró en Pleno que le coartaban su actividad y que debía pedir información municipal por registro por la negativa a entregársela. El alcalde declina hacer declaraciones y el exalcalde en funciones criticó que el PP desvelará la queja sin demostrar esta práctica.
Juzgan a la alcaldesa de Algar por presunto acoso laboral contra un exfuncionario municipal
Junto a María José Villagrán (PSOE) se sentaron en el banquillo otros dos concejales algareños. El denunciante afirma que le hicieron ‘mobbing’ por haber reclamado al Consistorio unas cantidades que le debían. La alcaldesa de Algar, María José Villagrán (PSOE) y dos de sus concejales, Adrián G. M. —que ya no ejerce como tal— y Teresa T. C., se han sentado en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez acusados de un presunto delito de acoso laboral contra un exfuncionario del Ayuntamiento de esta localidad. Fiscalía pide para ellos un año de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una indemnización de 3.000 euros al presunto perjudicado, en concepto de daño moral. La acusación particular eleva la petición de penas a los dos años y hasta los 30.000 euros la indemnización.
El secretario del Ayuntamiento de Santa Susanna acusa al alcalde de ‘mobbing’
El Juzgado de Instrucción número 4 de Arenys del Mar (Barcelona) acaba de imputar al alcalde de Santa Susanna –municipio de la misma provincia—, Joan Campolier Montsant, por acoso laboral al exsecretario municipal del ayuntamiento Miquel Colom Canal.
El juzgado ha decidido investigar al alcalde a instancias del fiscal, quien considera que además del delito de acoso laboral, los hechos recogidos en la denuncia pudieran ser constitutivos del delito de prevaricación continuada y de falsedad.
El tesorero de Fermoselle denuncia «acoso y mobbing» de la Alcaldía
El concejal y tesorero del Ayuntamiento de Fermoselle, Miguel Ángel Prieto, representante de Adeiza, anuncia la interposición «de una querella» contra el alcalde del municipio, el popular Alejandro Fermoselle, «por acoso o mobbing al intentar crear desconfianza de la persona del tesorero y ponerlo en entredicho ante la opinión pública».
Condenado el exalcalde de Pallejà a 15 meses de prisión por acoso laboral a la interventora municipal
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 15 meses de prisión más inhabilitación para cargo público al que fuera alcalde de Pallejà, Ismael Álvarez Serrano (CiU), por prevaricación y acoso laboral a la interventora municipal, Gemma V. C.
Según informa La Vanguardia, que ha tenido acceso a la sentencia, el exalcalde llevó a cabo “actos hostiles y humillantes de modo sistemático durante dos años contra la interventora municipal para apartarla del Ayuntamiento”.
