Denuncia acoso laboral y desviación de poder
Jaime Nicolás reclama ante la Audiencia su derecho a trabajar, tras 18 meses de postergación. Letrado del Constitucional, fue director de gabinete y mano derecha del expresidente del Consejo de Estado Rubio Llorente
Denunciante
Jaime Nicolás Muñiz. Nivel 30 desde hace más de 25 años y con 40 de antigüedad, este alto funcionario se licenció en Derecho en Madrid y en Ciencias Sociales en la Universidad de Constanza (Alemania). Es administrador civil del Estado y letrado del Tribunal Constitucional. Hasta su cese en 2012 fue el director de gabinete.
Con anterioridad ejerció de asesor ejecutivo de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, dirigió el Centro de Estudios Superiores de la Función Pública, fue el responsable de Estudios y Prospectiva en RTVE y el subdirector de Investigación del Centro de Estudios Constitucionales, organismo que llegó a dirigir en funciones.
Ponente, conferenciante, asesor en procesos de democratización, germanista, autor de decenas de estudios sobre constitucionalismo y gobernanza, su extenso currículo es casi inabarcable.
Hechos
Tras el relevo en la presidencia del Consejo de Estado, a Nicolás Muñiz le correspondía por derecho regresar al Ministerio del Interior, trámite que se postergó artificialmente casi dos meses. Finalmente, fue destinado a la secretaría de Estado de Seguridad como vocal asesor y asignado a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIESE).
Se le dio un despacho y comenzó a cumplir su jornada laboral. Lo que nadie le dio jamás fue trabajo, lo que le ha llevado a presentar el pasado 25 de octubre, 18 meses después de estar mano sobre mano, un recurso ante la Audiencia Nacional por violación de sus derechos fundamentales.
En ese tiempo, según su propio testimonio, sus reclamaciones han sido constantes. El pasado 18 de julio registró un escrito dirigido al nuevo secretario general del GIESE , José Hurtado Quero, en el que denunciaba la situación de humillación laboral a la que estaba siendo sometido.
Se acogía el funcionario a la vía especial de lucha contra el acoso en la Administración, un acuerdo de mayo de 2011 que especifica como primera causa de acoso no dar trabajo durante un período prolongado, y que obliga a resolver sobre la admisión o no admisión a trámite de las denuncias en un plazo de diez días.
En el relato daba cuenta tanto de las evasivas del anterior secretario general ante sus demandas de trabajo -«me dijo que ya había dicho a quien correspondía que no había trabajo para mi y me manifestó que no estaba dispuesto a inventarse trabajo, que no sería bueno ni para él ni para mi»-, la indiferencia del secretario de Estado, Ignacio Ulloa -su compañero en el cuerpo de letrados del Constitucional- y las razones de sus silencios: «Una persona de su más inmediato entorno, tras contactar con él, me informó que había recibido órdenes tajantes de que no se me diera ni agua y que, con esa premisa, el secretario de Estado no podía hacer nada para ayudarme». La denuncia fue remitida por registro al secretario de Estado cinco días después.
Nicolás Muñiz dirige su denuncia al propio ministro
Pese a que el escrito señalaba directamente al ministro como responsable último del acoso -«juzgo imprescindible que se aclaren las circunstancias por las que me encuentro en esta situación y el origen de la orden o instrucciones que la provocaron»-, tanto el Ministerio como la secretaría de Estado la ignoraron.
Ello provocó que dos meses después, concretamente el 19 de septiembre, Nicolás Muñiz dirigiera su denuncia al propio ministro. En el documento, le exigía restablecer sus «derechos fundamentales violados» así como la «reparación de los daños morales y materiales y ocasionados». Se trataba de un requerimiento previo a la interposición del contencioso-administrativo en defensa de su honor, dignidad, integridad moral y derecho al trabajo y al libre e igual ejercicio de funciones. El Ministerio ignoró el plazo legal de 20 días para contestar al requerimiento.
Ante el incumplimiento, e independientemente de la preparación del contencioso, el funcionario pidió por escrito al secretario de Estado, cargo que ya ocupaba Francisco Martínez, letrado de las Cortes, que iniciará sin demora el expediente administrativo como establecía el protocolo contra el acoso. Sólo a partir de ese momento el Ministerio pareció movilizarse para evitar el escándalo.
Al frente de las gestiones, y sin aparente competencia para llevarlas a cabo, se situó el jefe de gabinete de Martínez, Alejandro Sánchez García, ex alcalde de la Línea de la Concepción por el PP. Público intentó sin éxito recabar la versión de Alejandro Sánchez.
Las gestiones no fructificaron porque los responsables de Interior obviaron la reparación moral de Nicolás Muñiz exigía. A lo más que llegaron fue a resolver el 11 de octubre su traslado al gabinete del propio ministro, con la esperanza de que así aceptaría dar carpetazo a asunto tan enojoso. Sin embargo, dicho traslado no fue comunicado formalmente al afectado y ahora se encuentra en suspenso, posiblemente como castigo a la continuación de las acciones de reparación emprendidas por el funcionario.
Ante la inminencia del recurso a la Audiencia y con tres meses de demora el Ministerio abrió finalmente las diligencias previstas en el protocolo de acoso. Jaime Nicolás fue interrogado en dos ocasiones -el 23 y el 28 de octubre, aunque en esta fecha el caso ya se encontraba judicializado-. Nadie ha sido capaz de explicarle el por qué del ostracismo, que ha debido de ser forzoso y no voluntario, ya que en ese caso alguien le habría reconvenido.
Interior dice que nunca quiso marginar al funcionario
Un portavoz de Interior aseguró que nunca hubo voluntad de marginar al funcionario y negó que en el Ministerio se hubieran recibido sus escritos, pese a que todos ellos llevan el correspondiente sello del registro. En este sentido, destacó que a partir del pasado mes de julio había empezado a ser convocado a las reuniones del staff de la Gerencia (dos a la semana). En ese momento y si lo denunciado es cierto, Nicolás Muñiz llevaba 16 meses sin actividad alguna.
El citado interlocutor añadió que la prueba de que el Ministerio no quiso marginarle es una instrucción del secretario de Estado al general José Hurtado de fecha 15 de octubre en la que le reitera «las órdenes previamente trasladadas de concretar las funciones y responsabilidades» del funcionario.
Sorprende la fecha del 15 de octubre porque, al menos teóricamente, la secretaría de Estado había cursado su traslado cuatro días antes. En suma, el escrito hacía referencia a las ocupaciones del funcionario en el GIESE a sabiendas de que su puesto ya no era ése. El portavoz antes citado reconoció que se había concedido su traslado con fecha 11 de octubre, «pero luego se anuló porque Jaime Nicolás insistió en seguir adelante con su denuncia. La anulación, en realidad, era una suspensión que el director de gabinete del secretario de Estado, el ya citado Alejandro Sánchez, solicitó el 24 de octubre.
«Pidió más dinero y una condecoración y por ahí no se podía ceder» añadió el responsable de Interior, algo que, por otra parte, ya reclamaba el funcionario en la denuncia dirigida a Jorge Fernández Díaz. En ella requería al ministro para que se pusiera fin de inmediato «a la situación de acoso denunciada, con delimitación de las responsabilidades administrativas a que hubiera lugar, mi restablecimiento íntegro en los derechos fundamentales violados y reparación de los daños morales y materiales ocasionados».
| Denuncia acoso laboral y desviación de poder
Fuente: www.publico.es |
