Impedir al empleado público desempeñar las funciones de su cargo, es acoso laboral

El empleado público que sufre acoso moral por desempeñar funciones distintas a la de su cargo tiene derecho a la indemnización cuantificada según el daño moral –pretium doloris– que corresponde por el sufrimiento personal de la víctima ligado al hecho punible.

“El acoso psicológico o moral en el trabajo es una situación en la que se ejerce una violencia psicológica, con una finalidad, entre otras, de destruir la reputación del acosado y de perturbar el ejercicio de sus labores para que acabe abandonando el lugar de trabajo.”

Conductas de persecución psicológica al empleado público

Atentar contra la reputación de la víctima.
Atentar contra el ejercicio de su trabajo (encomendándole tareas de excesiva dificultad o trabajo en exceso o recriminándole por unos supuestos malos resultados de su trabajo o imponiendo objetivos de imposible alcance, etc.)
Manipular su comunicación e información con los demás compañeros o sus superiores
Ausencia de funciones y responsabilidades
Falta de personal colaborador y de medios con los que compartir y realizar la tarea día a día
Adscripción en comisión de servicio a otro puesto (salida del entorno laboral)

Reorganización de los servicios administrativos de cualquier órgano administrativo

Una de las prácticas habituales consiste en la persecución de un trabajador por motivos de reorganización, de reducción de personal. Se trata, en definitiva, de eliminar a trabajadores supuestamente incómodos.

La reorganización de los servicios administrativos de cualquier órgano administrativo estatal, comunitario o municipal, en modo alguno puede justificar una situación de ausencia de efectivas tareas y responsabilidades durante un periodo de tiempo y menos respecto a un único funcionario.

Todas estas conductas se identifican objetivamente con el ninguneo, el aislamiento y arrinconamiento sin trabajo durante tiempo, aspectos todos ellos muy genuinos del acoso moral, susceptibles de generar humillación en el que lo sufre, sensación de fracaso vital y vacío, y desmoronamiento íntimo, con grave perjuicio para la salud (baja médica por incapacidad laboral).

Indudablemente, como así lo han reconocido diversas sentencias de tribunales superiores, todo ello representa sin duda un funcionamiento anormal de la Administración en la medida en que se permite tener a un funcionario en un despacho o en un lugar sin asignarle trabajo alguno.

Indudablemente, a los funcionarios se les puede cambiar los contenidos de sus puestos de trabajo pero siempre que se respeten los aspectos esenciales de la relación funcionarial.

En este tipo de situaciones, se intenta, de una u otra forma, entre compañeros o entre superiores o inferiores jerárquicos, de hacer el vacío al afectado/a.

Sentencia de 23 de julio de 2001 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo

Se puede considerar que fue como la avanzadilla jurisprudencial respecto del acoso moral en nuestro país.

El acoso laboral no deja de ser como una forma característica de estrés laboral, donde la parte que hostiga tiene más recursos y apoyos o una posición superior a la del funcionario afectado que termina sin querer afrontar la situación que padece y sin poder controlar la ansiedad, produciéndose una patología que se agrava progresivamente.

La doctrina sobre el acoso moral tomada fundamentalmente de la jurisdicción social es perfectamente trasladable al ámbito del derecho administrativo, puesto que si se admite la
responsabilidad patrimonial en una relación funcionarial, también se admite en los supuestos de acoso moral y, en su caso, el reconocimiento de la correspondiente indemnización, toda vez que el carácter estatutario de la relación que une al empleado público con la Administración Pública, no puede impedir la persecución de las conductas acosadoras.

Téngase en cuenta además, que la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), que derogó la anterior Ley de Procedimiento Laboral de 1995, establece nítidamente que los funcionarios pueden ejercer sus acciones ante la jurisdicción social -Juzgados de lo Social, Tribunales Superiores de lo Social y Sala de lo Social del Tribunal Supremo- para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia de dicha normativa que, obviamente, forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral.